El Gobierno de Jair Bolsonaro autorizó este jueves el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera entre Brasil y Perú, donde se ha incrementado el número de migrantes extranjeros en los últimos días, en su mayoría haitianos impedidos de ingresar al país vecino por la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con un decreto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, publicado este jueves en el Diario Oficial, las Fuerzas Nacionales apoyarán a las autoridades locales “en las actividades de bloqueo excepcional y temporal del ingreso de extranjeros al país, de manera episódica y planificada”.
La medida, que se extenderá por sesenta días pero puede prorrogarse, busca ayudar a contener la llegada de migrantes al pequeño municipio fronterizo de Assis, donde están varados al menos 500 extranjeros, en su mayoría haitianos, provenientes de diferentes regiones de Brasil.
El municipio de Assis, ubicado en el estado de Acre y con cerca de 8000 habitantes, está al borde del colapso pues no cuenta con la logística necesaria para atender a los migrantes y tampoco para contener las aglomeraciones y evitar la propagación de la covid-19, en momentos en que la nueva variante brasileña del virus, que es más contagiosa, se ha expandido a varias regiones del país.
De acuerdo con la Alcaldía municipal, el grupo que inicialmente era de 350 extranjeros subió la víspera a 500, por la llegada de más migrantes desde diferentes regiones de Brasil, que buscan cruzar el país andino y marchar rumbo a Estados Unidos o Canadá, donde aspiran encontrar una oportunidad laboral y establecerse.
Según la Alcaldía, la mayoría de los extranjeros, incluidos mujeres y niños, están en albergues y hoteles, pero la capacidad se copó y por eso pidió ayuda a los gobiernos regional y federal.
El martes, después de una intensa lluvia que destruyó parte de las carpas en las que los migrantes estaban acampados en el Puente de la Integración, el grupo intentó cruzar la frontera a la fuerza para adentrarse en la región selvática de Madre de Dios, en territorio peruano, pero fueron impedidos por las autoridades del país vecino.
Entre incidentes que se saldaron con cargas policiales, disparos de gases lacrimógenos y empujones, la Policía peruana devolvió a gran parte de los migrantes, en su mayoría haitianos, pero también ciudadanos de países africanos como Sierra Leona, Senegal y Costa de Marfil.
Ese mismo día, el gobernador de Acre, Gladson Cameli, decretó la situación de emergencia en el estado ya que además del problema migratorio el estado enfrenta un brote de dengue, inundaciones por las altas crecientes de los ríos y falta de camas para atender a pacientes con la covid-19.
EFE
