El Poder Judicial declaró infundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva que había solicitado el fiscal Germán Juárez Atoche contra Martín Vizcarra, expresidente y candidato al Congreso por el partido Somos Perú, como parte de las investigaciones por el presunto pago de coimas que habría recibido de dos empresas vinculadas al caso “Club de la construcción”.
La jueza María de los Ángeles Álvarez leyó su resolución hoy, luego de dos días de audiencia en los cuales tanto el fiscal del equipo especial Lava Jato como el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, plantearon sus motivos a favor y en contra de esta medida restrictiva.
Asimismo, la magistrada interpuso comparecencia con restricciones para el exjefe de Estado y le impuso una caución de S/ 100 mil que deberá cancelar en 10 días hábiles. El exjefe de Estado no deberá ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial y pasar un control biométrico de manera mensual.
Del mismo modo, estará prohibido de comunicarse con los coimputados, testigos, peritos y otros involucrados en el caso, así como no ventilar en los medios de comunicación información relacionada al caso.
Martín Vizcarra ya estaba cumpliendo una orden de 18 meses de impedimento de salida del país que la misma magistrada había dictado en su contra, al cual el exmandatario se allanó tras asegurar que no iba a evadir la justicia y que iba a responder todas las citaciones del Ministerio Público.
En la audiencia que empezó este miércoles 17 de marzo, Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, aseguró que tenía suficientes y graves pruebas que demostraban que Martín Vizcarra Cornejo había recibido pagos que ascienden a S/1 millón de la constructora Obrainsa y S/ 1.2 millones de ICCGSA a cambio de brindarles información y favorecer las licitaciones que obtuvieron por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El fiscal mostró, como parte de las evidencias, capturas de conversaciones vía WhatsApp que mantuvo el expresidente con el exministro José Manuel Hernández, quien ha reconocido haber sido intermediario de estos presuntos pagos ilícitos entre los años 2014 y 2015.
