Transportistas informales, que no pertenecen al Sistema Integrado de Transporte (SIT), recurrirán al Tribunal Constitucional para anular una ordenanza municipal. Los ciudadanos esperan que se brinde un sistema «transparente», pues, manifiestan, que el actual no cumple con los estados de base. Además, el gremio señaló que en el sistema en mención existe corrupción.
Los trabajadores que impulsaron esta campaña fueron los transportistas de las 32 empresas integrantes del Frente de Defensa de Transporte Región Arequipa (Fedetra), los de carga pesada y los colectivos.
Para poder recurrir al Tribunal Constitucional han de reunir 50 000 firmas. El gremio aclaró que tiene, hasta el momento, 16 000 firmas, siendo estas suficientes para derogar la ordenanza municipal N.º 1020. Esta disposición otorga facultad a los inspectores municipales de imponer papeletas y demás funciones.
«Es inconstitucional. Los únicos que pueden hacer eso son los integrantes de la Policía Nacional del Perú», aseveró un representante del gremio.
