La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1 543 528 a la Municipalidad Distrital de La Joya, provincia y departamento de Arequipa, por irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las vías urbanas del asentamiento humano El Triunfo – zona C del distrito joyino.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 028-2021-2-0353-AC, que detalla las situaciones identificadas por la Contraloría durante el período del 1 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2020, identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en cinco exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Joya, de la gestión 2015-2018.
Las observaciones de Contraloría revelan que se dio conformidad a trabajos no ejecutados, se pagó precios unitarios que no correspondían, se generó mayores gastos generales, se incumplieron las especificaciones técnicas, se recibió la obra sin subsanar las observaciones y no se aplicó penalidades.
Se advierte que los servidores responsables de dirigir y supervisar la obra no cautelaron la ejecución de partidas establecidas en el expediente técnico, otorgando conformidad y tramitando pagos que no correspondían; también aprobaron el pago por trabajos no ejecutados; dieron el visto bueno a la construcción de un muro de contención sin estudio de mecánica de suelo.
Los miembros del comité recibieron la obra, a pesar que no se había ejecutado la partida de remoción y ejecución de postes contemplado en el expediente técnico y no se subsanaron las observaciones formuladas por ellos mismos, aplicando penalidad por mora a la empresa contratista, la que finalmente no se ejecutó.
Durante los periodos 2017 y 2018, la Municipalidad Distrital de La Joya, ejecutó la obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las vías urbanas del asentamiento humano El Triunfo – zona C, con un presupuesto de S/ 7 953 669.
Los resultados del informe de control específico fueron notificados al alcalde de la Municipalidad Distrital de La Joya, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el documento. También recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General disponer el inicio de las acciones legales penales y civiles que correspondan.
