Una jueza de California, Estados Unidos, accedió este jueves 28 de abril a un pedido del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y suspendió temporalmente su extradición al Perú.
El exmandatario está acusado de haber aceptado unos 35 millones de dólares en sobornos relacionados con la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Su país busca su extradición desde 2018. Fue detenido en Estados Unidos por ese pedido en 2019.
Toledo le había anticipado el miércoles a la jueza Laurel Beeler que apelaría el rechazo a un pedido de habeas corpus que él había presentado para evitar su extradición y solicitó que mantuviera todo en suspenso mientras esa apelación se resolvía.
El habeas corpus es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un juez o una corte. La decisión representa más tiempo para Toledo, que desde hace años trata de evitar su extradición, y ocurre casi una semana después de que la misma Beeler negara el pedido de habeas corpus del exjefe de Estado y ordenara cerrar el caso.
El Departamento de Estado es el encargado de ejecutar las extradiciones y puede hacerlo aun cuando haya apelaciones pendientes, siempre que exista una orden de un juez que haya acreditado la extradición.
A finales de septiembre, otro juez de California, Thomas Hixon, certificó la extradición de Toledo Manrique, pero para obstaculizar su repatriación, el expresidente presentó un recurso de hábeas corpus alegando que permanecía detenido de manera ilegal y cuestionando el proceso.
Alejandro Toledo admitió que Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares en sobornos y que él recibió parte de ellos, pero asegura que es inocente y que el fallecido empresario israelí Josef Maiman fue el encargado de esos negocios con las autoridades peruanas sin que él lo supiera. Según Toledo, Maiman habría recibido el dinero actuando falsamente en su nombre.
En su pedido de habeas corpus de finales de octubre, Toledo alegaba que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque Perú no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con los cargos específicos, como lo requiere el tratado. Añadía que no hay razones para creer que él haya cometido los supuestos crímenes.
Al rechazar ese pedido, la jueza aseguró que el tratado es aplicable en su caso y que Perú ha entregado los documentos necesarios.
