Analistas advierten que el proyecto del Gobierno vulnera el derecho a la protesta

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Diversos analistas han manifestado su preocupación ante un proyecto de ley presentado por el Gobierno que plantea elevar las penas de ciertos delitos cometidos durante el estado de emergencia, eliminar la etapa de investigación preliminar y llevar a juicio a los ciudadanos sin un debido proceso. Estos especialistas destacan que esta propuesta no solo limita el derecho a la protesta pacífica, sino que también vulnera las garantías procesales.

Marianella Ledesma, exmagistrada del Tribunal Constitucional, ha expresado su inquietud ante la falta de proporcionalidad en las sanciones impuestas a quienes participan en protestas en comparación con las penas para delitos graves como la violación. Además, resalta que este proyecto restringe el derecho a la defensa de los manifestantes, lo cual considera injusto y desproporcionado.

Ledesma advierte que esta iniciativa del Gobierno es inconstitucional y que busca evitar las protestas, generando un contexto político desfavorable para la presidenta Dina Boluarte.

Ley limita el derecho a la protesta ciudadana

José Ragas, historiador y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señala que este proyecto de ley socava el Estado de derecho y limita la capacidad de cualquier ciudadano para defenderse frente al Estado durante una protesta. Ragas alerta sobre las estrategias del Gobierno para amedrentar a la población civil y criminalizar las protestas.

Representantes de gremios como la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) y la CGTP han calificado este proyecto como parte de una tendencia dictatorial y un intento de intimidar a los manifestantes. Aseguran que busca criminalizar la protesta y que carece de legalidad.

En conclusión, analistas y representantes de diversos gremios advierten sobre los riesgos y la inconstitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno, el cual limita el derecho a la protesta pacífica y vulnera garantías procesales fundamentales.

Esta propuesta es vista como parte de una estrategia para amedrentar y criminalizar las manifestaciones, generando preocupación en la sociedad.

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