Sada Goray y Mauricio Fernandini cumplirán 30 meses de prisión preventiva por caso Fondo Mi Vivienda

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En un importante giro del caso ‘Fondo Mi Vivienda’, el Poder Judicial ha decidido imponer una medida drástica. La empresaria Sada Goray y Mauricio Fernandini, entre otros, enfrentarán 30 meses de prisión preventiva siguiendo el pedido de la Fiscalía. La investigación está relacionada con presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos que habrían perjudicado al Estado.

El juez Raúl Justiniano Romero, a cargo del caso, consideró los argumentos presentados por la Fiscalía y accedió en parte a su solicitud. Originalmente, la petición era de 36 meses, pero finalmente se estableció el período de 30 meses. El magistrado aseguró que todos los investigados cumplen con los requisitos necesarios para esta medida cautelar.

La resolución judicial subrayó la existencia de elementos graves que vinculan a los involucrados con los hechos, lo que podría resultar en una pena superior a 4 años. Además, se señaló la posibilidad de fuga y obstaculización de la investigación como razones para la prisión preventiva.

Tras la emisión de la resolución, los acusados fueron entregados al INPE (Instituto Nacional Penitenciario) para su internamiento en los establecimientos penitenciarios correspondientes.

Tanto las defensas legales de los implicados como el Ministerio Público manifestaron su intención de apelar la decisión judicial. Estos acontecimientos llegan después de una serie de audiencias que se llevaron a cabo desde el 18 hasta el 31 de julio.

El caso de Fondo Mi Vivienda

El caso ‘Fondo MiVivienda’ se originó a partir de las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien admitió haber entregado más de 4 millones de soles en efectivo a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, durante la gestión de Pedro Castillo. La investigación preparatoria también involucra a Luis Mesones Odar, expareja de Goray, quien enfrenta órdenes de detención preliminar y prisión preventiva. La Fiscalía ha dispuesto un plazo inicial de 36 meses para la investigación, dada su complejidad y vínculos con posibles actos de criminalidad organizada.

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