En el desarrollo del caso relacionado con la presidenta Dina Boluarte y las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre 2022 y enero 2023, el abogado Joseph Campos Torres, quien representa a la mandataria, ha solicitado formalmente al Ministerio Público que archive la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de genocidio.
La defensa legal, en su petición, alega que han presentado pruebas suficientes durante la investigación preliminar para demostrar que la presidenta no participó en los hechos imputados y que no se cumplen los elementos necesarios para considerarla culpable de los delitos que se le acusan.
En la solicitud, se enfatiza que Dina Boluarte, en virtud de su investidura presidencial y los decretos supremos correspondientes, no estaba a cargo de la ejecución de las operaciones para garantizar el orden interno. Además, se subraya que las fuerzas del orden debían actuar respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional.
El abogado Campos recalca que la presidenta no tenía conocimiento ni control sobre los planes tácticos u operacionales de las fuerzas policiales y armadas para ejecutar la garantía del orden interno.
La defensa también argumenta que no se ha demostrado que las fuerzas del orden hayan dado órdenes ilegales o inconstitucionales, y señala que es necesario determinar las responsabilidades de aquellos que no hayan seguido los protocolos y órdenes en el ejercicio del control del orden interno, así como de quienes hayan puesto en riesgo la vida e integridad de las autoridades.
En meses anteriores, la presidenta Dina Boluarte se presentó ante el Ministerio Público y respondió preguntas relacionadas con las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su gobierno. El caso continúa siendo objeto de atención y debate en la esfera pública y legal del país.
