El reciente destape de una trama de corrupción ha sacudido la esfera política del país, centrada en las acciones de la contadora Yaziré Pinedo y su estrecha relación con el ex primer ministro Alberto Otárola. Las revelaciones arrojan luz sobre un entramado de contratos obtenidos por Pinedo con el Estado, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos.
Pinedo, sin experiencia previa en el sector público y aún en proceso de formación académica, consiguió contratos con el Estado a una velocidad sorprendente. Su primer contrato, como asistente administrativa en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), fue otorgado por la considerable suma de S/ 8,000. Posteriormente, obtuvo contratos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y en el Ministerio de Defensa, con montos que sumaron un total de S/ 85,000.
Controversia en torno a Pinedo y Otárola
Lo que ha generado mayor controversia es la naturaleza de las tareas asignadas a Pinedo en estas instituciones, consideradas por algunos como incompatibles con su perfil profesional. Además, la filtración de una conversación en la que Pinedo discute con Otárola, su expareja, ha desencadenado una investigación de la Fiscalía, que la indaga por presunta negociación incompatible.
Las acusaciones de Pinedo sobre un presunto complot político en su contra han añadido más complejidad al caso, implicando a figuras prominentes como la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte.
Esto ha llevado al exministro de Defensa, Jorge Chávez, a exigir una rectificación completa de las acusaciones, amenazando con iniciar acciones legales por difamación.
