Movimientos Regionales se unen y anuncian movilizaciones en contra de ley que buscar eliminarlos

Por su parte Anghelo Huerta, presidente del movimiento regional Arequipa Quiere Progreso, anunció una huelga de hambre.
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Los movimientos regionales de Arequipa han expresado su rotundo rechazo a la reciente aprobación en el Congreso de la República de una reforma constitucional que busca eliminarlos del mapa electoral. En respuesta a esta decisión, han anunciado una serie de movilizaciones y acciones para defender su existencia y participación en la vida política de la región.

La reforma constitucional, aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso, plantea la eliminación de los movimientos regionales como opción electoral, permitiendo solo la participación de partidos políticos nacionales o alianzas de partidos para cargos como alcaldes y gobernadores regionales. Se argumenta que esta medida busca mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

Sin embargo, los movimientos regionales de Arequipa consideran que esta decisión es un ataque a la democracia y a la autonomía regional. Argumentan que los movimientos regionales han demostrado ser una alternativa viable y efectiva para la representación de las necesidades y demandas de la población a nivel local y regional.

Encabezados por los movimientos regionales Arequipa, Tradición y Futuro; Arequipa Quiere Progreso; Arequipa Avancemos; Fuerza Arequipeña; Arequipa es Primero y Movimiento Regional por Arequipa, los líderes de estos grupos han anunciado una serie de acciones para defender su existencia y luchar por la participación en la vida política regional.

Las movilizaciones planeadas incluyen:

  • Una protesta en la ciudad de Arequipa el próximo 20 de junio.
  • Un viaje a Lima el 28 de julio para realizar una protesta a nivel nacional.
  • Una posible huelga de hambre en la ciudad de Arequipa, propuesta por Angelo Huerta del movimiento regional Arequipa Quiere Progreso.

Además de las movilizaciones, los movimientos regionales también evalúan la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reforma aprobada por el Congreso.

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