Los bloqueos en las principales vías del país, protagonizados por mineros informales, han llegado a su fin tras la decisión del Congreso de la República de ampliar el proceso de formalización minera por seis meses. Esta medida responde a las demandas de los mineros artesanales, quienes buscan una ley que facilite su integración al marco legal.
Según el asesor legal de la central de mineros del Perú este plazo es crucial para trabajar en la elaboración de una nueva normativa técnica que visibilice su actividad formalmente ante el Estado. En este esfuerzo, cuentan con el respaldo del Colegio de Abogados del Perú, que los ayudará a estructurar una propuesta adecuada.
El objetivo principal de esta ley es garantizar que las actividades mineras se regulen sin afectar los intereses de los pequeños mineros, permitiéndoles operar legalmente y contribuyendo a la economía nacional.
Los líderes del sector han enfatizado que los próximos seis meses serán decisivos. La nueva normativa deberá ser impulsada por el ministro que será designado por la presidenta Dina Boluarte en los próximos días. La falta de avances podría derivar en nuevas protestas que afecten nuevamente la comunicación en el país.
Este tiempo también representa una oportunidad para el Estado de evitar futuros conflictos sociales y económicos relacionados con la minería informal. Por ello, tanto el gobierno como los mineros tienen la responsabilidad de avanzar en un marco legal inclusivo y efectivo.
