Desalojo tras una batalla legal de larga data
En un hecho histórico para la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, se recuperaron dos inmuebles ubicados en la cuarta cuadra de la calle Filtro, tras más de 15 años de ocupación informal y acumulación de deudas. Este proceso, liderado por la actual gestión, pone fin a una larga lucha legal que perjudicó financieramente a la institución.
Los inmuebles recuperados incluyen:
- Calle Filtro 402: Con un área de 219.66 m², donde funcionaba un Car Wash. La deuda acumulada por alquiler asciende a S/117,465 desde el año 2019.
- Calle Filtro 404: Espacio de 28.52 m², utilizado como una cevichería al paso, con una deuda de S/68,901.
Ambos locales habían sido entregados bajo contrato de arrendamiento a una sola persona por un periodo de nueve años. Sin embargo, desde 2019, el arrendatario incumplió con los pagos, acumulando deudas que impactaron directamente en los programas sociales financiados por la Beneficencia.
Impacto social y estrategia legal
El Gerente General de la Beneficencia, Abg. Augusto Arce Paredes, destacó que los ingresos provenientes de los alquileres son esenciales para mantener los programas sociales dirigidos a personas vulnerables, como niños, adultos mayores en abandono, mujeres víctimas de violencia y personas con problemas de salud mental.
“Con este primer desalojo estamos demostrando la correcta administración de los bienes de la Beneficencia. No permitiremos que quienes se nieguen a cumplir sus obligaciones sigan perjudicando nuestros programas sociales”, expresó Arce Paredes.
La recuperación fue posible gracias a una estrategia legal que incluyó 40 demandas y denuncias penales. Este esfuerzo ya ha incentivado a otros inquilinos a regularizar sus pagos, mientras que aquellos que se nieguen enfrentarán medidas legales contundentes.
Desalojo supervisado por autoridades
El operativo contó con la participación del Abg. Marco Núñez Valencia, presidente del directorio de la Beneficencia; un juez del 2° Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia; efectivos de la USE y UDEX de la Policía Nacional del Perú; y personal de la Comisaría de Santa Marta. El desalojo se llevó a cabo conforme a la resolución judicial N.º 03120-2023-0-0401-JP-CI-02.
