La defensa legal de al menos cuatro congresistas investigados por el Ministerio Público está siendo financiada con recursos públicos del Congreso, según reveló un reciente reportaje del programa Punto Final. La medida, aprobada por la Mesa Directiva presidida por Eduardo Salhuana, ha encendido cuestionamientos sobre el uso de fondos estatales para costear abogados particulares en procesos penales.
Los legisladores Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos son parte del grupo beneficiado. Todos enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos que van desde tráfico de influencias hasta presunta participación en redes criminales. A pesar de la gravedad de los casos, el Parlamento aprobó un presupuesto de hasta 8 UIT (más de 40 mil soles) por congresista para su representación legal.
Lo controversial no solo es el origen del dinero —proveniente del erario público— sino también la base legal utilizada. Se ampararon en una norma orientada a funcionarios con responsabilidades ejecutivas (Ley Servir), pese a que los congresistas no cumplen funciones de ese tipo. La decisión ha despertado dudas sobre la legalidad del procedimiento y su adecuación al marco normativo vigente.
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La propia congresista Kelly Portalatino aseguró no estar al tanto del acuerdo, mientras calificó su situación como parte de una “persecución política”. Por otro lado, Patricia Chirinos admitió haber accedido al beneficio, pero defendió la medida, afirmando que “está dentro de la ley”.
Aún no queda claro quién solicitó el financiamiento legal para cada caso ni bajo qué criterios se aprobaron los fondos. Lo cierto es que este uso de recursos públicos en defensa de congresistas investigados reabre el debate sobre los privilegios en el Congreso y la falta de control sobre sus gastos internos.
