El Ministerio Público decidió reemplazar a nueve fiscales que tenían a su cargo las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
Esta decisión ha generado preocupación, ya que los nuevos fiscales asignados carecen de experiencia en casos de derechos humanos.
Uno de los cambios más relevantes es el nombramiento de Rosario Quico Palomino como nueva coordinadora del equipo especial, en reemplazo de Raquel Cárdenas Manrique, quien lideró las pesquisas durante los últimos dos años.
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De acuerdo con fuentes cercanas, Quico habría reconocido que su trayectoria profesional está orientada a la investigación de delitos de corrupción, y no en temas de derechos humanos.
Además de Quico, se designaron a otros fiscales sin formación especializada en derechos humanos. Entre ellos, Marcelo Fernández Vásquez, cuya experiencia se centra en casos de corrupción, y Alberth Fernández Salazar, especializado en derecho penal y procesal penal
