En la última audiencia del proceso oral, la defensa de Pedro Castillo aseguró que el fallido mensaje del 7 de diciembre de 2022 careció de cualquier componente militar o violento. Señaló que ni la Policía empleó armas ni se produjo un disparo, por lo que, afirmó, resulta improcedente tipificar los hechos como delito de rebelión.
Los abogados de los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres secundaron la postura, subrayando que el Congreso nunca se cerró ni hubo órdenes de arresto contra los magistrados. Con este argumento, intentan desmontar la narrativa fiscal sobre un supuesto levantamiento armado que habría atentado contra el orden constitucional.
El tribunal anunció que el debate continuará hasta el martes 8 de julio. Ese día y los siguientes, la sala escuchará a las partes antes de resolver la situación jurídica de los seis acusados, procesados como coautores de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado, delitos previstos en el artículo 346 del Código Penal.
Desde el penal Barbadillo, Castillo reiteró que su proclamación obedeció a un “pedido popular” y envió un saludo a los maestros en su día. “El Ministerio Público aún no demuestra la rebelión que me achaca. Mis coimputados son inocentes, y este juicio es injusto”, declaró el exmandatario, mientras su defensa exige la absolución.
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