Maduro solicita al TSJ retirar la nacionalidad a quienes colaboren con fuerzas extranjeras
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de “consideración constitucional” para retirar la nacionalidad venezolana a aquellos ciudadanos que, según indicó, colaboren con fuerzas extranjeras que busquen invadir el país.
El planteamiento surge tras nuevas acusaciones contra el líder opositor Leopoldo López, a quien el mandatario responsabiliza de promover una intervención internacional. “Está pidiendo que el ejército gringo se meta en Venezuela”, expresó Maduro durante una transmisión televisiva, en medio del aumento de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el mar Caribe.
De acuerdo con medios estatales, en los próximos días se prevé la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más poderoso de la Armada estadounidense, lo que ha intensificado la preocupación del gobierno venezolano.
El presidente invoca el artículo 130 de la Constitución venezolana
Maduro fundamentó su solicitud en el artículo 130 de la Constitución, que señala que todos los ciudadanos tienen el deber de “defender y honrar la patria, proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial y los intereses de la nación”.
El mandatario indicó que su propuesta busca “castigar ejemplarmente” a quienes incurran en traición a la patria o cooperen con fuerzas militares extranjeras. “He pedido al TSJ que me otorgue el respaldo legal para retirar la nacionalidad y todos los documentos oficiales a quienes participen en intentos de intervención”, afirmó.
Expertos advierten contradicción constitucional
El anuncio de Maduro ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico, ya que el artículo 35 de la misma Constitución venezolana prohíbe expresamente privar de su nacionalidad a los ciudadanos venezolanos por nacimiento.
Solo aquellos que hayan adquirido la ciudadanía por naturalización podrían perderla bajo circunstancias específicas contempladas en la ley.
Con ello, analistas advierten que la propuesta presidencial podría contravenir la propia Constitución y abrir un nuevo frente de conflicto político y legal, en un país marcado por la tensión institucional y el deterioro de los derechos civiles.
