La expresidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios correspondientes a quienes ocuparon la jefatura del Estado, pese a encontrarse bajo múltiples investigaciones fiscales.
El pedido, revelado por el programa Cuarto Poder, fue remitido al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, e invoca el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, que regula los apoyos logísticos y de personal para expresidentes.
Pensión y beneficios solicitados
Boluarte solicita una pensión que podría oscilar entre S/ 26 000 y S/ 35 000 mensuales, monto que dependerá de la validación congresal del incremento salarial aprobado durante su propia gestión, cuando elevó su remuneración de S/ 15 600 a S/ 35 568.
Además, su pedido incluye la asignación de un vehículo oficial de uso permanente, la contratación de un trabajador CAS de libre elección con sueldo de S/ 3 700, 150 galones mensuales de combustible y el mantenimiento del seguro de salud privado.
El especialista en gestión pública Martín Cabrera Marchán explicó que estos beneficios solo podrían suspenderse si el Congreso aprueba una acusación constitucional contra la exmandataria o si se dicta una sentencia judicial condenatoria.
Contexto de investigaciones y destitución
Dina Boluarte fue destituida en octubre de 2025 tras ser declarada con “incapacidad moral permanente”, debido a su presunta incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país.
Actualmente, enfrenta varias investigaciones fiscales, entre ellas por las decenas de muertes durante las protestas sociales ocurridas entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023. También es investigada por el presunto uso indebido del vehículo presidencial para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y por su posible intervención en la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Otra pesquisa en curso examina su presunta omisión de funciones o abandono de cargo relacionada con el denominado “caso cirugía”, donde se le acusa de ausentarse del despacho presidencial para someterse a un procedimiento estético.
La solicitud de Boluarte ha generado polémica, ya que se da en medio de cuestionamientos por su gestión y los procesos judiciales que aún enfrenta.
