Un informe pericial solicitado por representantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) reveló un presunto desfalco de más de S/ 5.7 millones entre los años 2020 y 2025. El documento advierte transferencias irregulares desde cuentas institucionales hacia la cuenta personal de un trabajador del área de tesorería, sin documentos que sustenten las operaciones.
La investigación involucra movimientos realizados durante las gestiones rectorales de Rohel Sánchez y Hugo Rojas Flores. Actualmente, el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía.
Transferencias sin sustento
El peritaje contable, elaborado por la contadora Francisca Begazo Chalco, identificó un presunto esquema de triangulación financiera que operó de manera continua durante cinco años. Según el informe, los fondos salían de la cuenta “Recaudadora Virtual” del BCP, donde ingresan pagos de matrículas y otros conceptos abonados por estudiantes.
Posteriormente, el dinero pasaba a una cuenta destinada oficialmente al pago de remuneraciones y beneficios del personal universitario. Desde ahí, los montos terminaban en una cuenta de ahorros a nombre de Leoncio Ccalloapaza Canaza, trabajador del área de tesorería.
El informe señala que no existen resoluciones, autorizaciones ni documentos que justifiquen dichas transferencias. Tampoco se hallaron pruebas sobre una posible devolución del dinero.
Más de S/ 5.7 millones transferidos
El peritaje detalla que entre 2024 y 2025 se transfirieron cerca de S/ 1.9 millones desde la cuenta recaudadora hacia la cuenta de remuneraciones. Luego, más de S/ 2 millones terminaron en la cuenta personal del funcionario investigado.
Solo durante el 2024 se registraron depósitos mensuales que variaron entre S/ 63 mil y S/ 197 mil. Los montos superaban ampliamente la remuneración del trabajador, que bordeaba los S/ 100 mil anuales.
A esto se suman otros S/ 3.7 millones transferidos entre 2020 y 2023. El informe concluye que existió un patrón repetitivo y sostenido de movimientos financieros irregulares.
Asambleístas denunciaron el caso
El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por los asambleístas universitarios Ubaldo Enrique Aguirre, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Jerónimo Miguel Gutiérrez Sonco, de la Facultad de Derecho.
Ambos representantes emitieron un pronunciamiento donde alertaron sobre un “desfalco sistemático y continuado” dentro de la universidad. Además, exigieron una auditoría general e independiente, así como sanciones para los responsables.
El secretario general del Sindicato Unificado de Docentes de la UNSA (SUDUNSA), Roger Tahua Delgado, confirmó que la Fiscalía ya investiga el caso. También indicó que la responsabilidad no recaería únicamente en una sola persona.
“Cuando salta una denuncia, comienzan a saltar otras”, declaró Tahua. El dirigente agregó que el presunto desfalco se habría producido durante dos gestiones rectorales vinculadas al mismo movimiento universitario, antes conocido como IDEAR y actualmente como MUAB.
Dinero destinado a estudiantes y trabajadores
Los más de S/ 5.7 millones comprometidos correspondían a recursos que debían destinarse a infraestructura, investigación, bienestar estudiantil y mejoras salariales para docentes y trabajadores administrativos.
Según Tahua, las autoridades universitarias ya conocían parte de la situación desde hace algún tiempo. “Alguna vez en una reunión con las autoridades, el señor rector deslizó algo de este tema, pero no se habló más”, afirmó.
El dirigente también cuestionó el silencio dentro de la universidad. “En la universidad el silencio es lo que prima”, sostuvo.
Ahora, la Asamblea Universitaria deberá evaluar posibles sanciones administrativas y acciones legales. Entre las medidas que podrían tomarse figuran destituciones, denuncias penales y procesos para recuperar el dinero.
Exigen transparencia en la UNSA
El caso generó preocupación entre estudiantes y docentes de la UNSA, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas. Los asambleístas señalaron que la comunidad universitaria no debe tolerar presuntos actos de corrupción dentro de una institución pública.
La investigación fiscal buscará determinar quiénes autorizaron las transferencias, qué funcionarios conocían los movimientos y si existen más personas involucradas en el presunto desfalco millonario.
