El diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca crear el delito de abandono y desamparo de adultos mayores.
La iniciativa busca sancionar a quienes tengan la obligación legal, judicial o contractual de asistir a una persona adulta mayor y, de manera dolosa, omitan brindarle la ayuda indispensable.
¿Qué penas propone?
El proyecto establece dos a cuatro años de prisión para los casos básicos.
La pena subiría a cuatro a seis años cuando existan agravantes, como aprovecharse de la dependencia física del adulto mayor o abusar de una relación de confianza, convivencia o curatela.
Si el abandono provoca la muerte de la persona adulta mayor, la pena sería de seis a diez años de cárcel, siempre que se pueda demostrar que el fallecimiento fue consecuencia del abandono.
Excepciones
La propuesta señala que no habría delito si la persona encargada del cuidado está materialmente impedida de cumplir con su obligación, siempre que informe la situación o tome medidas razonables para proteger al adulto mayor.
También se respetaría la decisión de las personas mayores que tengan capacidad para decidir. Su negativa libre, expresa y consciente a recibir determinada ayuda no sería considerada delito.
CEM deberán informar casos
El proyecto plantea que el delito sea perseguido de oficio. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) tendrían que informar a las autoridades sobre posibles casos en un plazo máximo de 24 horas.
En situaciones urgentes, el fiscal podría pedir al juez medidas de protección inmediatas. Entre ellas estarían el traslado del adulto mayor a un centro de asistencia, la prohibición de acercamiento y el bloqueo preventivo de cuentas bancarias administradas por el investigado en nombre del adulto mayor.
Complementaría la omisión de asistencia familiar
La iniciativa también precisa que este nuevo delito sería complementario al de omisión de asistencia familiar.
La diferencia es que el artículo propuesto exigiría una obligación específica de cuidado y una situación de abandono que ponga en riesgo la vida, salud o integridad del adulto mayor.
Si el Congreso aprueba la propuesta, el Ministerio Público tendrá 60 días calendario para establecer las reglas internas para aplicar la nueva norma y atender casos urgentes.
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