El Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral en el país de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, poniendo fin a la histórica escala de trabajo “6 por 1” (seis días de trabajo por uno de descanso). La medida constituye el principal eje de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tan solo once días de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al candidato opositor Flávio Bolsonaro.
El proyecto fue respaldado en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa tras el imprevisto apoyo del propio Bolsonaro y la consecuente liberación de voto a la bancada opositora.
Contexto político y giro en la oposición en el Senado de Brasil
A pesar de haber rechazado inicialmente la iniciativa, Flávio Bolsonaro (candidato por el Partido Liberal) emitió su voto de forma telemática desde Porto Alegre a favor del proyecto, argumentando responder al “clamor popular”.
Este cambio de postura desató duras críticas por parte del bloque gubernamental:
- Críticas del oficialismo: Senadores del Partido de los Trabajadores (PT) denunciaron la “volatilidad de convicciones” del candidato opositor y advirtieron sobre el riesgo de retrocesos en caso de un eventual triunfo conservador el próximo 25 de octubre.
- Respuesta de la oposición: Legisladores afines a Bolsonaro cuestionaron la “prisa legislativa” y la utilización del aparato estatal en beneficio del calendario electoral.
Impacto laboral vs. resistencia del sector empresarial
De acuerdo con estimaciones sindicales, la reforma beneficiará directamente a cerca de 22 millones de trabajadores en todo el territorio brasileño. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el senador Randolfe Rodrigues destacaron que la norma equipara a Brasil con los estándares de países desarrollados como Francia, Alemania, Finlandia y Noruega.
Sin embargo, los gremios empresariales han manifestado un rechazo categórico a la medida:
- Aumento de costos: La Federación de Comercio de São Paulo proyectó un incremento del 22 % en el costo de la hora trabajada.
- Riesgo en el empleo: La patronal advirtió sobre la posible pérdida o destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo.
- Medidas de mitigación: Opositores como el senador Esperidião Amin instaron a coordinar mecanismos con el sector privado para amortiguar el impacto financiero en las empresas.
