Tras más de 26 años de espera y contundentes jornadas de protesta, la Asociación de Vivienda Propiedad Familiar Elmer Faucett (PROFAM), ubicada en el distrito de Yura, logró que el Concejo Provincial de Arequipa apruebe con 14 votos a favor y 1 en contra la priorización del proyecto de saneamiento básico de agua potable y alcantarillado, valorizado en aproximadamente S/ 30 millones.
La decisión representa un viraje determinante luego de que en una sesión previa ocho regidores votaran en contra del dictamen técnico, lo que desencadenó marchas masivas de los pobladores hacia el palacio municipal para exigir una sesión extraordinaria y la revisión de la viabilidad de la obra, la cual se ejecutará mediante la modalidad de Obras por Impuestos con la participación de Sedapar.
“Es un expediente que está completamente saneado; tenemos la factibilidad de servicios de Sedapar, la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de las vías ferroviarias y del Ministerio de Transportes. Solo falta poner el dinero y que se ejecute. La elaboración del expediente tomó seis años”, enfatizó Yems Castro, presidente de la dirigencia de PROFAM.
Debate municipal y levantamiento de observaciones técnicas
La aprobación se concretó tras superar los cuestionamientos iniciales planteados por un sector de fiscalización del Concejo:
- Observaciones de regidores: Los concejales Rolando Bedregal y Valeria Zamata justificaron sus reservas previas señalando dudas sobre la disponibilidad legal de los terrenos para el reservorio, los derechos de paso de las líneas de conducción y la falta inicial de informes del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) y pronunciamientos finales de Sedapar.
- Beneficiarios y alcance: La obra contempla dotar de redes domiciliarias de agua y alcantarillado a los sectores 1, 2 y 3 de PROFAM, resolviendo una histórica brecha de salud pública y saneamiento que afectaba a miles de familias en la zona norte de Arequipa desde el año 2000.
- Compromiso de ejecución: Tras la ratificación por 14 votos, la dirigencia levantó la advertencia de trasladar sus medidas de protesta y el expediente técnico directamente ante la sede central del Ministerio de Vivienda en Lima.
