El presidente de Bolivia, Luis Arce, cesó este martes a un ministro envuelto en un escándalo de supuesto nepotismo, el primer cambio en su Gobierno en menos de un mes desde su investidura.
El mandatario tomó juramento a Edwin Characayo como nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras en reemplazo de Cáceres, que estuvo al frente de esa cartera gubernamental desde el pasado 9 de noviembre y cuya conducta fue puesta en duda.
“Son los valores y principios los que deben primar para conducir la vida de un ministro de Estado. No podemos, en ningún momento, desprendernos de la ética y los valores y principios”, reflexionó Arce durante la posesión efectuada en la casa de Gobierno o Casa Grande del Pueblo en La Paz.
La designación de Characayo se hizo “con la esperanza” de mantener aquellos códigos éticos que existen en las organizaciones sociales y en los sindicatos, insistió.
El exministro Cáceres estuvo envuelto en un escándalo de supuesto nepotismo al colocar como jefa de gabinete a una pareja suya, a quien identificó como su esposa en una declaración que hizo meses antes de ser ministro.
El problema comenzó cuando la funcionaria comenzó a hacer circular instructivos que pedían la renuncia de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tras asumir Cáceres la titularidad del ministerio.
En medio de ese problema, se hizo pública la relación entre el ahora exministro y su jefa de gabinete.
Cáceres primero negó tal vínculo mediante un comunicado institucional, aunque luego admitió que tuvo una relación con la funcionaria, pero que no era su esposa ya que estaba casado con otra persona.
Esa situación provocó que varias voces dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pidieran una sanción o la renuncia del entonces ministro al incurrir en una conducta inadecuada.
Antes de su destitución, el exministro buscó enmendar aquella acción con la destitución de la mujer y con unas disculpas públicas que no impidieron su posterior cambio.
Las normas bolivianas prohíben que familiares cercanos o parejas de funcionarios trabajen en una misma repartición del Estado.
