Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, ha solicitado al juez Carlos Román Gil acogerse a la Ley N.° 31751 para archivar acusaciones fiscales en su contra por estafa y falsedad genérica. Aunque Soto ha afirmado que su caso prescribió anteriormente, documentos revelan que buscó activamente el beneficio de la mencionada ley.
El pedido de Soto desafía sus declaraciones anteriores y la controversia se intensifica, ya que la Ley N.° 31751, conocida como “Ley Soto”, fue promovida por él mismo en el Congreso. La solicitud de archivar su caso en base a esta ley plantea cuestionamientos éticos y legales.
La Ley Soto permite la prescripción de ciertos delitos y ha generado críticas por sus posibles implicaciones en la impunidad. El juez Carlos Román emitió una resolución basándose en esta ley, declarando prescrito el caso de Soto, así como de otros implicados.
A pesar de la evidencia que señala su involucramiento en la aprobación de la Ley Soto, Soto ha negado su beneficio personal y ha desestimado la importancia de dicha ley. La polémica aumenta debido a su participación activa en el proceso legislativo y a su intento de utilizarla en su favor.
Acuña defendió a Alejandro Soto
Cabe destacar que el líder de su partido, César Acuña Peralta, ha defendido a Soto alegando que no fue él quien aprobó la ley, sino el Pleno del Congreso. Sin embargo, documentos y testimonios demuestran su intervención y promoción en la aprobación de la normativa.
Este caso pone en relieve la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito político, así como la importancia de examinar a fondo el sistema legal y las posibles conflictos de interés en la toma de decisiones. La situación de Alejandro Soto abre un debate sobre la ética y la responsabilidad de los líderes políticos en la administración de justicia y el respeto a la ley que ellos mismos ayudan a formar.
