El documento fue enviado luego de que la propia Benavides informara que su reposición seguía sin ejecutarse, a pesar de contar con una resolución vigente a su favor.
Tras su detención, otras cinco jóvenes denunciaron haber sido víctimas de chantaje sexual de parte de Vilca Curo a cambio de mejorar sus calificaciones en una reconocida universidad particular.
Exigen el mantenimiento de la carretera AR-106, una vía regional clave que conecta a más de diez distritos y centros poblados de las provincias de La Unión y Condesuyos.
Según Armando, acudió al lugar para recoger a una amiga, pero fue increpado por Artur, quien lo acusó de esconderle su arma.
“Ahora no podemos poner en funcionamiento las compactadoras, ni las primeras 5 (recibidas el 15 de mayo) ni estas que estamos recibiendo ahora porque todavía no nos han hecho llegar las placas”, señaló.
Durante el control de seguridad, los agentes del INPE detectaron varias hojas de color verdoso envueltas en plástico transparente ocultas en la base de su calzado.
La magistrada detalló en su fallo del 20 de junio que no se advierte una afectación actual a los derechos fundamentales invocados por Benavides, por lo que su pedido fue desestimado.
El caso sigue en manos de la Divincri Arequipa, mientras las víctimas reciben acompañamiento psicológico y legal.
La Municipalidad de Bustamante clausura cancha de gallos informal en la Av. Colón por operar sin licencia ni certificado de seguridad, tras denuncias vecinales.
Consciente de la incomodidad que generan en las familias y trabajadores, Arriola llamó a la población a cumplir con la Resolución Directorial 008-2025-MTC la cual actualmente se cumple en Lima y Callao.
Ante esto, la acción criminal está en “relativa calma” debido a que ambas organizaciones criminales se estarían reorganizando.
Según el parlamentario, la única entidad con competencia para ese tipo de decisiones es la Junta de Fiscales Supremos, no la JNJ.
Se trata del primer documental sobre Robert Francis Prevost, pero no aborda su vida en su natal Chicago, sino su labor pastoral en el Perú, país del que también tiene la nacionalidad.
La amenaza se conoció poco antes de la audiencia de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre del delincuente, capturada por su presunta colaboración con la organización criminal Injertos del Cono Norte.
Espinoza descartó que la institución esté dividida y responsabilizó a la JNJ por generar incertidumbre con una decisión que, según dijo, no ha sido formalmente comunicada.
