Bolivia declaró la emergencia nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027, en medio de una sequía que afecta a más de 114 mil familias y genera graves pérdidas en el sector agropecuario. La medida permitirá movilizar recursos para atender a las poblaciones perjudicadas y prevenir posibles inundaciones y otros eventos climáticos extremos.
El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5759 el sábado 31 de octubre, luego de que el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade) recomendara adoptar medidas extraordinarias.
Según el reporte del Ministerio de Defensa, difundido el 1 de noviembre, la sequía afecta a 114.048 familias de 63 municipios en seis departamentos. De ellas, 78.217 están afectadas y otras 35.831 registran pérdidas directas en sus medios de subsistencia.
La emergencia también alcanza a 1.486 comunidades. Las autoridades reportan 167.511 hectáreas de cultivos perjudicadas, de las cuales 60.106 se consideran perdidas. Además, se contabilizan 75.013 cabezas de ganado afectadas, según cifras correspondientes al periodo del 1 de junio al 29 de octubre de 2026.
Agricultores esperan apoyo del Gobierno
La declaratoria genera expectativas entre los productores agrícolas, especialmente entre los arroceros, quienes afrontan el incremento de costos, la falta de combustible y las alteraciones climáticas.
Ana Ortiz, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, advirtió que los pequeños productores tienen dificultades para acceder a financiamiento después de dos años complicados para el sector.
Por ello, los productores esperan que el Gobierno precise si la emergencia permitirá acceder a créditos, semillas e insumos para mantener la actividad.
Advierten posibles eventos climáticos extremos
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió, en un informe del 8 de octubre, que existe una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Gobierno trabaja en mecanismos de financiamiento e identifica las comunidades con mayor riesgo para organizar la respuesta estatal.
En tanto, los agricultores esperan que la declaratoria se traduzca en ayuda concreta para recuperar sus cultivos y sostener las próximas campañas.
