El gobierno de Dina Boluarte ha presentado un controvertido proyecto de ley que introduce el concepto de terrorismo urbano. Esta medida según sus críticos, podría afectar gravemente el derecho a la protesta pacífica.
Ley de terrorismo urbano
La propuesta contempla sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes, mediante violencia o amenaza, bloqueen vías públicas, ocupen locales, o interfieran con los servicios públicos, con el objetivo de obtener beneficios indebidos de las autoridades.
El artículo 315-O que se incorporaría al Código Penal establece que actos como la toma de locales, el bloqueo de carreteras o la interrupción de servicios podrían considerarse terrorismo urbano, imponiendo sanciones severas para quienes participen en dichas actividades.
Esta medida ha generado preocupación entre quienes señalan que podría criminalizar manifestaciones legítimas, afectando el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento a través de la protesta.
El Poder Ejecutivo, liderado por Boluarte, defiende que la ley busca combatir la inseguridad ciudadana y prevenir disturbios que afecten el orden público. Sin embargo, muchos críticos ven en esta propuesta un esfuerzo por limitar la libre expresión y controlar las movilizaciones sociales.
Reacción del Congreso y expertos
El Pleno del Congreso debatirá este jueves 3 de octubre varias propuestas de ley que incluyen el delito de terrorismo urbano en el Código Penal.
El objetivo, según el Congreso, es responder al aumento de la inseguridad en el país. No obstante, diversos expertos han señalado que la medida es de carácter populista y que, lejos de abordar la inseguridad de manera eficaz, podría derivar en el abuso de poder y la represión de manifestaciones sociales legítimas.
La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, criticó el proyecto afirmando que se trata de una medida centralista que solo considera el contexto de Lima.
Según Paredes, el enfoque es ineficaz para resolver problemas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado en todo el país. “Es un método de intervención militar, los grupos que quieren llegar al poder. No sirve para estrategia de seguridad ciudadana y crimen organizado. Están pensando solo en Lima”, advirtió.
Ampliación de poderes para las fuerzas armadas
Otra medida impulsada por el gobierno de Boluarte busca que, durante los estados de emergencia
Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que sean denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones sean investigados o procesados dentro del sistema militar o policial.
Esto ha generado aún más inquietudes sobre la posible militarización de la respuesta a la protesta social y la limitación de los derechos civiles en el país.
