El canciller Javier González-Olaechea ha reafirmado la posición del Gobierno peruano de impedir el ingreso de Evo Morales al país, basándose en acciones que consideran que han contribuido a desestabilizar la región sur de Perú, especialmente en la frontera con Bolivia.
Estas declaraciones llegan después de que el Poder Judicial ratificara la alerta migratoria sobre Morales, emitida por Migraciones, lo que efectivamente le impide legalmente ingresar a Perú.
La Segunda Sala Constitucional de Lima confirmó esta alerta migratoria, respaldando las preocupaciones de seguridad del Estado peruano, particularmente en medio de las protestas sociales contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
El fallo se basó en un informe de inteligencia que clasifica a Morales como una amenaza para la seguridad nacional, revirtiendo así una sentencia previa del Quinto Juzgado Constitucional que había aceptado un hábeas corpus a favor de Morales.
La respuesta de Evo Morales
El exmandatario boliviano ha manifestado su desacuerdo con la medida adoptada por las autoridades peruanas, argumentando que se trata de una restricción a su derecho de denunciar lo que considera un golpe de Estado en Perú.
Morales ha expresado su solidaridad con Pedro Castillo y ha prometido seguir levantando la voz en favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos.
En respuesta a esta situación, el abogado de Morales en Perú, Ronald Atencio, ha presentado un recurso de agravio constitucional contra la decisión de la Segunda Sala Constitucional. Si este recurso es admitido, el caso será elevado al Tribunal Constitucional para su consideración final.
