En el informe, se señala que Boluarte ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a remuneración presidencial en Sudamérica, pese a que el Perú se ubica en una posición media en términos económicos.
Boluarte señaló que esta decisión busca renovar la flota aérea y responder a una necesidad histórica de la FAP para garantizar la defensa del territorio frente a amenazas internas y externas.
El anuncio se dio tras la publicación del plan que contempla remodelaciones, adecuaciones y nuevas construcciones para albergar a los futuros 130 diputados y 60 senadores.
El informe señala posibles delitos de desobediencia a la autoridad e infracción constitucional, pero descarta usurpación de funciones.
Finalmente, la ceremonia se desarrolló solo con la presencia del gobernador regional, Rohel Sánchez, y la jefa nacional de Cofopri, quienes exhortaron a la calma y rechazaron la violencia.
El encuentro se realizó el pasado 18 de junio, en la Santa Sede, donde el arzobispo llevó el saludo y afecto de la Iglesia arequipeña al Santo Padre.
Aunque no se logró imponer prisión preventiva contra el exmandatario, sí se establecieron restricciones, como el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a embajadas.
Desde 2021, estas agrupaciones reciben dinero del Estado por haber logrado representación en el Congreso, conforme lo establece la ley.
Según la resolución judicial, no se presentaron elementos nuevos que justifiquen modificar la prisión preventiva. Además, se destacó la gravedad de los delitos imputados y la condición de prófugo de Silva desde el año 2022.
Señala la ANP, no ha vuelto a conceder entrevistas ni conferencias con acceso a la prensa, lo que consideran una práctica de menosprecio a la libertad informativa.
El conductor, identificado como Esteban Zapata M. (34), fue intervenido por los agentes y trasladado a la comisaría para las investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se acreditaba un riesgo de fuga. Vizcarra, indicó, ha colaborado con el proceso judicial.
Frente a las críticas por el hacinamiento en las cárceles, el ministro afirmó que no se trataría de un ingreso masivo de internos, sino de un proceso controlado.
El suboficial ya tenía antecedentes: en 2023 fue denunciado por solicitar S/5 mil a una madre para no involucrar a su hija en un caso de tráfico de drogas.
Vizcarra había sido sancionado por presuntamente vulnerar el artículo 126 de la Constitución, al desempeñarse como ministro mientras mantenía vínculos con empresas privadas.