Con ello, Fujimori dejó en claro que su decisión también alcanza a Fuerza Popular, partido fundado y liderado por su hermana.
Al exmandatario se le investiga por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
“Debemos dotar a nuestra FAP de los mayores adelantos. No se trata de un lujo, sino de una necesidad para garantizar la defensa y seguridad del país”, afirmó Boluarte.
La ex primera ministra, Betssy Chávez, permanece en estado crítico después de cumplir tres días en huelga de hambre seca dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
El hecho ocurrió en el jirón Prolongación, donde la víctima, madre de las hijas del detenido, había acordado recibir una suma de dinero. La discusión derivó en un intento de ataque que fue denunciado de inmediato.
El artículo 25-A señala que los legisladores pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias durante estas labores.
Aunque inicialmente fue clasificado para Lurigancho, el organismo penitenciario descartó esa opción y dispuso su traslado a Ancón II por motivos de seguridad.
Según la calificación obtenida (puntaje 10) la alternativa más probable sería el penal de Lurigancho, aunque la decisión final se conocerá en las próximas horas.
Boluarte señaló que su propósito es dejar un legado de “trabajo honesto y sincero” que aporte a la recuperación del país y refuerce el reconocimiento internacional del Perú.
La intervención se realizó dentro del automóvil con placa ST-11-87, que estaba incautado y bajo custodia de la autoridad.
A partir de ahora, los congresistas podrán “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” durante su labor de representación.
El exmandatario recordó los procesos que afrontó cuando ocupaba Palacio de Gobierno y denunció un trato desigual frente a la actual jefa de Estado.
La medida responde a las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que el exmandatario afronta una prisión preventiva de cinco meses.
En declaraciones a la prensa, Cubas advirtió que la medida limita la labor de la Fiscalía y puede abrir paso a la impunidad.
Actualmente, la institución solo dispone de 9,173 chalecos, número insuficiente para cubrir a los más de 130,000 agentes que conforman la fuerza policial.