Los heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a centros médicos de la zona. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.
El fiscal de turno de Ananea, junto con personal policial especializado de Juliaca, realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a la morgue para la necropsia de ley.
Según el propio afectado, ambos habrían asistido a una reunión en la que consumieron bebidas alcohólicas, lo que desencadenó una discusión que terminó en el violento ataque.
Según las primeras indagaciones, el padre de familia habría sufrido un paro cardíaco mientras trabajaba.
El operativo se realizó a la altura del kilómetro 334 de la carretera Panamericana Sur, en Ica.
El pesado vehículo terminó atascado a un costado de la carretera. La situación fue aprovechada por una multitud de transeúntes y vecinos para intentar saquear la carga.
Según los manifestantes, esta medida ha paralizado el avance del proyecto educativo en perjuicio de cientos de estudiantes.
El caso más reciente ocurrió el último sábado en el Hospital Carlos Monge Medrano. Una paciente con 34 semanas de gestación falleció durante una cirugía por preeclampsia severa, síndrome de Gerd y fallo renal.
La víctima fue reconocida gracias a su documento nacional de identidad, hallado junto a dos teléfonos celulares y otras pertenencias personales dentro del costal de polietileno.
Según fuentes policiales, el joven yacía semidesnudo, sin calzado y con la ropa destrozada.
Los fiscales hallaron una poza de acumulación y una tubería de seis pulgadas, con una llave, que expulsaba de manera continua aguas contaminadas.
Según el Ministerio Público, el crimen ocurrió la madrugada del 24 de mayo de 2025, luego de que la pareja regresara de una discoteca e ingresara a su habitación.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó a la agencia Andina un faltante de 226 mil dólares, lo que encendió las alarmas.
Según el coronel Pizarro, estos cambios obedecen a criterios como la falta de productividad, el tiempo de servicio, entre otros factores internos de evaluación.
Según la Fiscalía, los servidores implicados cumplían funciones clave en la selección y aceptación de productos destinados a la alimentación escolar.
