La resolución mantiene vigente la imputación bajo la Ley 32138, aprobada en octubre de 2024, que sanciona con penas de hasta 25 años a quienes integren organizaciones criminales.
La Comisión de Fiscalización busca esclarecer los criterios técnicos, metodológicos y presupuestales que sustentaron esta decisión del Ejecutivo.
El premier indicó que si bien se respeta el derecho a la protesta, las acciones que afecten la seguridad de las personas o limiten el libre tránsito no serán toleradas por el Gobierno.
El análisis consideró los ingresos de mandatarios de doce países, donde solo Bolivia reportaba un salario más bajo que el del Perú. Este dato sirvió como base para justificar el cambio.
El Ejecutivo explicó que se aplicó una metodología comparativa con los salarios de mandatarios en 12 países de América Latina.
En el informe, se señala que Boluarte ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a remuneración presidencial en Sudamérica, pese a que el Perú se ubica en una posición media en términos económicos.
Boluarte señaló que esta decisión busca renovar la flota aérea y responder a una necesidad histórica de la FAP para garantizar la defensa del territorio frente a amenazas internas y externas.
El anuncio se dio tras la publicación del plan que contempla remodelaciones, adecuaciones y nuevas construcciones para albergar a los futuros 130 diputados y 60 senadores.
Finalmente, la ceremonia se desarrolló solo con la presencia del gobernador regional, Rohel Sánchez, y la jefa nacional de Cofopri, quienes exhortaron a la calma y rechazaron la violencia.
Aunque no se logró imponer prisión preventiva contra el exmandatario, sí se establecieron restricciones, como el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a embajadas.
Según la resolución judicial, no se presentaron elementos nuevos que justifiquen modificar la prisión preventiva. Además, se destacó la gravedad de los delitos imputados y la condición de prófugo de Silva desde el año 2022.
Señala la ANP, no ha vuelto a conceder entrevistas ni conferencias con acceso a la prensa, lo que consideran una práctica de menosprecio a la libertad informativa.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se acreditaba un riesgo de fuga. Vizcarra, indicó, ha colaborado con el proceso judicial.
Frente a las críticas por el hacinamiento en las cárceles, el ministro afirmó que no se trataría de un ingreso masivo de internos, sino de un proceso controlado.
Vizcarra había sido sancionado por presuntamente vulnerar el artículo 126 de la Constitución, al desempeñarse como ministro mientras mantenía vínculos con empresas privadas.