El Poder Judicial anuló las sanciones contra Pedro Castillo por declararse en huelga de hambre, calificando la medida del INPE como “humillante”.
La presidenta Dina Boluarte y el presidente del BCR, Julio Velarde, reafirmaron su compromiso para fortalecer la economía peruana con medidas que impulsen la inversión privada y aseguren la estabilidad monetaria.
El aumento del salario presidencial a más de S/35 mil genera rechazo en el Congreso. Ya son 11 los proyectos que buscan dejarlo sin efecto.
Desde la sala penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo lanzó duras críticas contra sus exaliados políticos y el Poder Judicial, durante una audiencia clave del proceso en su contra.
El informe precisa que cerca de S/500 mil se usaron para vales de consumo, mientras que el resto corresponde a compras de carnes, pescados, abarrotes, frutas y verduras para abastecer al personal que trabaja junto a la presidenta Dina Boluarte.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, recordó que el proceso de formalización ya lleva 23 años en curso y no puede seguir extendiéndose sin resultados concretos.
Vladimir Cerrón criticó a Pedro Castillo por replicar el discurso del autogolpe de 1992 y lo acusó de haberse alineado con el “caviarismo” y el fujimorismo.
Organizaciones de derechos humanos acusan a cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia ante el Colegio de Abogados de Lima por favorecer ilegalmente a Patricia Benavides.
Arana señaló que las decisiones tomadas buscan restablecer el orden y se ajustan estrictamente a la legalidad vigente.
“Ya no vemos en las calles las marchas de protestas de antaño; hoy están los mineros ilegales”, declaró Boluarte en su intervención pública.
El Poder Judicial inició la etapa intermedia en el caso Cócteles, abriendo un plazo de 30 días para que la defensa y fiscalía presenten observaciones a la acusación por lavado de activos y otros delitos.
La medida anula la sanción disciplinaria que le impuso el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras su huelga de hambre realizada en marzo de este año.
El Congreso dio un paso hacia la inclusión juvenil al aprobar un dictamen que exige contratar jóvenes de 18 a 29 años sin experiencia previa.
Tello aclaró que, según las estadísticas de Lima Sur, solo el 3 % de los detenidos corresponde al delito de robo y menos del 1 % al de extorsión.
Decenas de ciudadanos se manifestaron en los exteriores de la institución educativa, expresando su rechazo a la mandataria.
