La sala concluyó que los sentenciados actuaron como coautores en el ingreso y utilización de fondos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial del año 2011.
Los legisladores Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos son parte del grupo beneficiado. Todos enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos que van desde tráfico de influencias hasta presunta participación en redes criminales.
Rocío Mango, Ruccy Oscco, Mayra Sumari y Valeria Zamara denunciarán penalmente al alcalde Víctor Hugo Rivera.
Mediante el Decreto Supremo N.º 047-2025-PCM, el Poder Ejecutivo dispuso que el Pabellón Nacional sea izado a media asta en señal de respeto y homenaje póstumo en todas las instituciones públicas, instalaciones militares, embarcaciones, comisarías, y demás dependencias estatales a nivel nacional, así como en embajadas y consulados peruanos en el extranjero.
Actualmente, hay 41 organizaciones políticas inscritas para participar en los próximos comicios, aunque se proyecta que la cifra aumente a 50 partidos políticos.
La medida fue respaldada en segunda votación durante la sesión plenaria realizada este jueves 10 de abril.
Martínez pide al Poder Ejecutivo intensificar la expulsión de extranjeros indocumentados del país.
La medida permitirá la suspensión de líneas telefónicas, el bloqueo del IMEI y la desactivación del servicio en casos donde los dispositivos sean utilizados para cometer delitos, como extorsión, fraudes o amenazas.
La medida alcanzaría a sentenciados por terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y lavado de activos.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Reyes Miranda habría sido el conductor que trasladó a Mariano Altamirano y al sicario involucrado en el asesinato del cantante de la agrupación musical Armonía 10.
Los regidores que respaldaron la continuidad de Rivera fueron: Rolando Bedregal, Susana Condori, Michael Arce, Cleopatra Chávez, Emilio Herrera, Diana Caracela, José Suárez, Patricia Mamani, Ingrid Carpio y Yolanda Lozada.
El dictamen establece cadena perpetua para integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que entreguen material bélico o colaboren con organizaciones criminales, siempre que estas acciones provoquen muertes o lesiones graves.
Esta situación ha llevado a que las clases se desarrollen en ambientes improvisados, como un restobar cercano al plantel, e incluso en espacios al aire libre.
El Midis informó que se trata de una medida preventiva que busca salvaguardar la salud de más de 4.2 millones de estudiantes beneficiarios del programa.
Miembros de la banda criminal “Los Injertos del Norte” la amenazaron de muerte si no pagaba un cupo inicial de S/ 20 mil y, luego, un pago mensual de S/ 10 mil.
