Boluarte recordó que la soberanía sobre Santa Rosa está respaldada por el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, y resaltó que peruanos y colombianos en la zona conviven en paz.
La presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú cuenta con un marco jurídico sólido que garantiza la seguridad y estabilidad de las inversiones provenientes de Japón. Durante un desayuno de trabajo con empresarios en Tokio, resaltó las oportunidades de negocio que ofrece el país y el entorno favorable para los emprendimientos.
El fallo emitido el 31 de julio señala que la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate vulneró derechos fundamentales del exmandatario, como el acceso a la salud, al no haber sido debidamente motivada.
Dicho juzgado había considerado “improcedente” pronunciarse sobre la medida, al señalar que ya no correspondía analizarla debido a que Benavides estaba suspendida por la Junta Nacional de Justicia en ese momento.
Según la Junta, la reincorporación es procedente y no debe estar sujeta a nuevos requisitos administrativos, como ha pretendido establecer Espinoza, lo cual consideran un acto de desacato.
El plazo para su reincorporación venció el lunes 4 de agosto, pero Benavides decidió esperar la confirmación oficial durante toda la jornada.
Mediante el Oficio N.º 431-2025-OCI PNP, enviado el 31 de julio, la Contraloría solicitó a la Policía Nacional toda la documentación del proceso. El plazo venció el 4 de agosto.
“La justicia no es un juego de poder ni de conveniencia”, señaló Tello, al expresar su preocupación por las declaraciones de la mandataria y las intenciones del Congreso de retirar al Perú del Tratado de San José.
Desde entonces, Boluarte ha participado en cumbres y encuentros en Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, China, Francia, Suiza, Ecuador y el Vaticano.
Boluarte ofreció sus declaraciones en una ceremonia oficial del Poder Judicial, donde además resaltó el papel de la magistratura en la defensa del orden constitucional y la democracia.
Según la Resolución Ministerial N° 178-2025-PCM, publicada el 2 de agosto, el monto autorizado para pasajes y viáticos de los funcionarios asciende a $129.942,17 (aproximadamente S/465.624,07, al tipo de cambio vigente del BCR).
La denuncia fue presentada por el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien calificó las expresiones como “agraviantes y denigrantes” hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Desde el Ministerio Público se ha confirmado que las carpetas vinculadas a presuntas irregularidades siguen vigentes.
La suspensión dictada en etapa preliminar fue considerada jurídicamente insostenible.
Así lo confirmó el presidente del Congreso, José Jerí Oré, al indicar que la sesión se realizará de forma semipresencial. “Como Mesa Directiva debemos darle trámite conforme indica la Constitución”, afirmó.