El periodista Christopher Acosta dijo estar seguro de que la condena de dos años de prisión suspendida en su contra por la publicación del libro “Plata como cancha”, sobre el excandidato presidencial César Acuña, podrá ser rebatida en una segunda instancia.
Afirmó que dicha sentencia, dictada hoy por el Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, “no hace otra cosa que limitar nuestro derecho como periodistas a investigar, y sobre todo para citar”.
Cabe señalar que la sentencia del juez Raúl Rodolfo Jesús Vega dictaminó la comisión del delito contra el honor y difamación agravada por parte del periodista, tras considerar que 35 frases del libro -de las 55 observadas por la defensa de Acuña- resultaban agraviantes contra el líder de APP.
Al respecto, Acosta remarcó que “Plata como cancha” recoge testimonios de personas con nombres y apellido que relatan hechos relacionados con el excandidato presidencial, por lo que no es un libro de fuentes anónimas.
“Algo tan sencillo que [los periodistas] hacemos todos los días, ponerle nombre y apellido a declaraciones no puede ser de ninguna manera considerado una difamación”, sostuvo Acosta en declaraciones a la prensa.
Por su parte, Roberto Pereira, abogado del periodista, consideró que la sentencia del juez Jesús Vega “le ha dado una estocada de muerte al periodismo de investigación”. Señaló que las citas en el libro no son de cualquier fuente, sino de fuentes del entorno personal y familiar de Acuña Peralta.
El jurista señaló además que el juez no ha valorado que César Acuña es un personaje público y está sometido por lo tanto a escrutinio por parte de la opinión pública y de la prensa. “La jurisprudencia internacional y nacional exige unos limites muy estrictos para poder recurrir al derecho penal cuando se trata de este tipo de personajes”, explicó.
Pereira sostuvo asimismo que tampoco tiene sustento la imposición de 400 mil soles que impuso el juez tanto a Acosta, al director de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, y a dicha casa editora como tercero civilmente responsable.
Informó que ahora cuentan con un plazo de 10 días para fundamentar la apelación a dicha sentencia. Agregó que esta subirá a una sala penal, la cual -estimó- programará una fecha de audiencia para dentro de 2 o 3 meses. “Luego hay una posibilidad de ir a la Corte Suprema”, puntualizó.
