La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido considerar admisible la denuncia presentada por el condenado terrorista Víctor Polay Campos en contra del Estado peruano. Polay alega que se vulneraron sus garantías judiciales durante su condena por terrorismo.
La defensa argumenta que hubo actos de tortura durante su detención y que en su encarcelamiento se violó varios de sus derechos fundamentales, como la libertad religiosa y el acceso a la educación.
Actualmente, Víctor Polay cumple su sentencia en la Base Naval del Callao. Durante su reclusión, compartió celda con figuras prominentes como Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN).
La exministra de Justicia y exprocuradora del Estado, Delia Muñoz, advirtió sobre las implicaciones de este caso y su potencial impacto en la jurisprudencia. Todo esto relacionado con los juicios por terrorismo en Perú.
Denuncia fue admisible en el 2022
En el 2022, la CIDH emitió un informe de admisibilidad que declaraba justificada la denuncia de Víctor Polay Campos. Esta denuncia abarca eventos desde su captura en los años 1992 y 1993 hasta los juicios de 2005 y 2006. Incluso algunos habeas corpus que han sido presentados ante las Naciones Unidas.
Víctor Polay Campos, también conocido como “Camarada Rolando”, fundó en 1980 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En 2006, fue declarado culpable por múltiples delitos cometidos durante las décadas de 1980 y 1990. Recibiendo inicialmente una sentencia de 32 años que posteriormente fue aumentada a 35 años.
El MRTA, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas durante el periodo de violencia en el Perú entre 1980 y 2000.
