La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el martes 18 de julio. En el que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que requiera al Estado peruano adoptar medidas provisionales. En favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y su familia. Esta solicitud se debe a las amenazas de muerte recibidas por parte de grupos extremistas.
El magistrado Salas Arenas, en el ejercicio de sus funciones. Ha sido objeto de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales. Además, ha sido víctima de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte. Lo que ha llevado a la CIDH a considerar que su seguridad y la de su familia están en una situación de riesgo extremo.
En la misiva, la CIDH resaltó que las medidas implementadas por el Estado peruano hasta el momento no han sido suficientes para mitigar los riesgos a los que se enfrenta el presidente del JNE. Por lo tanto, se hace necesario adoptar medidas urgentes para proteger sus derechos fundamentales y prevenir posibles daños irreparables.
Familia de Salas también debe ser protegida
La Comisión hizo hincapié en que Jorge Salas Arenas está expuesto a inminentes actos que podrían vulnerar sus derechos. También se mencionó el riesgo para su núcleo familiar, quienes podrían sufrir represalias debido a su relación con él.
En este sentido, además de solicitar medidas provisionales en favor del magistrado y su familia. La CIDH instó a la Corte-IDH a que el Estado peruano aborde el patrón de las amenazas contra Salas Arenas y continúe manteniendo las medidas de protección implementadas.
Las medidas provisionales emitidas por la Corte-IDH tienen un carácter obligatorio para los Estados. Lo que significa que el Estado peruano está en la obligación de tomar acciones específicas para garantizar la protección y seguridad del presidente del JNE y su familia. Frente a la grave situación de riesgo en la que se encuentran.
