La Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional planteada contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La decisión tiene como base una denuncia planteada por la Fiscalía de la Nación. La votación final arrojó 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
De igual manera, con 28 votos a favor y uno en contra en cada caso, la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a Geiner Alvarado y Juan Silva, exministros del gobierno de Castillo.
La normatividad vigente para estos casos es un voto por separado, por lo tanto, la votación se hizo respecto a cada persona denunciada.
Posteriormente a este trámite, el informe acusatorio que incluye a los tres personajes mencionados pasará a ser sustentado ante el pleno del Congreso, para su votación final.
Los casos materia de esta acusación son los referidos a la licitación irregular y posteriormente anulada del Puente Tarata; y negociados en Petroperú y en el Ministerio de Vivienda.