La comisión del Congreso que investiga presunto fraude en Elecciones Generales 2021, presidida por Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, le ha costado al Estado S/216.347,67 hasta el momento. Del monto en total, S/211.106,72 se destinó para pagar a dos asesores: un exasesor de la Comisión Lava Jato de Rosa Bartra y un militante de Renovación Popular.
Con el 75 % de lo asignado se pagó los sueldos de Andrés Eduardo Salas Jaén y Roque Augusto Bravo Basaldua. El 25 % (S/5.240.95) se destinó a gastos administrativos. En un diálogo con La República, el parlamentario Montoya justificó el servicio de Salas Jaén. «Tiene una gran experiencia en este tipo de investigaciones, tiene más de 30 años de servicio al Estado y ha ocupado los puestos más altos en la Marina», dijo.
Sobre el informe final, el parlamentario señaló: «Hay algunas variaciones de lo que hemos podido avanzar más, pero en líneas generales se mantiene la misma línea [del primer borrador]. […] Son más de doscientos páginas, pero calculo que habrá un 30 % de modificaciones. Se ha visto uno o dos [hallazgos] más, pero siempre en la misma línea [del informe preliminar]»
El grupo de trabajo se instaló en septiembre de 2021. En un comienzo se les otorgó 120 días hábiles, pero solicitó 20 días más, solicitud que aceptó la sesión plenaria del 31 de marzo. Hasta el momento, la comisión no comprobó el fraude electoral debido al, según el documento, «escaso personal y la cantidad enorme de información a procesar».
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