Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, liderada por la parlamentaria de Alianza para el Progreso Gladys Echaíz, archivó el proyecto de ley que proponía la cadena perpetua para funcionarios que cometan actos de corrupción. La comisión sostuvo que la medida era excesiva y fuera de la realidad.
«¿Cómo puede sancionarse [con la cadena perpetua] a un funcionario que está inhabilitado porque ha cometido un delito y, por tanto, no puede reincidir?», indicó la presidenta del grupo de trabajo sobre el PL n.° 130-2021-CR. Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular y autora de la iniciativa, anunció que presentará su propuesta de nuevo.
En el dictamen que rechaza el PL, se colocó de ejemplo de funcionarias a mujeres emprendedoras de las ollas populares. «Cuidado. Todas las señoras que trabajan para una olla común podrían ser consideradas como parte de una organización criminal. Si volvieran a incurrir en un delito de la misma naturaleza entonces sí les correspondería la cadena perpetua», cuestionó Echaíz.
