En medio de un contexto marcado por el desempleo juvenil y la informalidad laboral, el Congreso de la República aprobó en la Comisión de Economía un dictamen que obligará a entidades públicas y empresas privadas con más de 50 trabajadores a contratar, al menos, un 10 % de su planilla con jóvenes entre 18 y 29 años.
La medida, sustentada en la necesidad de aprovechar el bono demográfico y promover la meritocracia, ha generado expectativas y también fuertes cuestionamientos.
¿Qué propone el dictamen?
El proyecto de ley N° 8993-2024 establece que el incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a la Ley General de Inspección del Trabajo. Las contrataciones deberán realizarse por concurso público y no exigirán experiencia previa.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tendrá 90 días para reglamentar la norma una vez aprobada por el pleno.
Críticas al dictamen
Expertos consideran que la propuesta es inoportuna e inconstitucional, ya que vulneraría derechos fundamentales como la libertad de contratación y la libertad de empresa. También advierten sobre los altos costos asociados a la rotación de personal y la capacitación.
La Cámara de Comercio de Lima expresó su preocupación por el impacto en las pequeñas empresas, mientras que el MTPE señaló que, si bien fomentar el empleo juvenil es necesario, debe hacerse con propuestas técnicas sostenibles.
Opiniones divididas
Aunque la medida apunta a enfrentar la alta tasa de desempleo juvenil, que supera el 12 %, persiste el debate sobre su viabilidad legal y operativa, en especial para el sector privado.
Con información de GESTIÓN
