El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista María Acuña, concluyó que la denuncia no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89 del reglamento del Parlamento.
Según el informe aprobado, no se encontró una relación directa entre las acciones de la mandataria y las presuntas infracciones constitucionales o delitos penales señalados.
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La denuncia fue impulsada por la legisladora Ruth Luque y también involucraba a seis exministros, entre ellos Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello.
A todos se les acusaba de permitir el uso excesivo de la fuerza pública durante las movilizaciones, lo que habría causado decenas de muertes y heridos.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, la subcomisión declaró improcedente el pedido, cerrando así la posibilidad de una investigación constitucional en el Congreso.
