Los actuales congresistas no solo podrán postular a la reelección en las elecciones generales del 2026, sino también aspirar a otros cargos públicos como la presidencia, alcaldías o gobernaciones, sin tener que renunciar a sus escaños.
Esto es posible gracias a dos leyes clave: la Ley N° 31988, que restablece la bicameralidad y la reelección parlamentaria, y la Ley N° 32058, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y permite a los legisladores postular sin solicitar licencia si su mandato culmina en el mismo año electoral.
Estas no son las únicas normas que otorgan ventajas a los legisladores. En total, al menos 13 leyes han sido aprobadas y promulgadas por el actual Congreso que benefician de forma directa o indirecta a sus integrantes o a los partidos que representan.
Una de ellas es la Ley N° 31981, que eliminó las elecciones primarias abiertas y obligatorias , mientras que la Ley N° 31504 reduce las sanciones a candidatos que incumplan con presentar informes de gastos de campaña.
Otras medidas legislativas favorecen a los propios partidos políticos. La Ley N° 32108, por ejemplo, excluye del delito de organización criminal a aquellos casos donde la pena es menor de seis años, lo que limita investigaciones por delitos como colusión, estafa o peculado.
La Ley N° 32054, por su parte, libera a los partidos políticos de responsabilidad penal, lo que ha sido duramente cuestionado por especialistas y sectores de la sociedad civil.
También se han aprobado leyes que benefician a los familiares de congresistas, como la Ley N° 32069, que modifica las reglas de contrataciones públicas y permite que parientes de legisladores puedan contratar con el Estado, algo que antes estaba prohibido.
A ello se suma la Ley N° 31990, que debilita la colaboración eficaz, una herramienta crucial para combatir la corrupción, y la Ley N° 31778, que otorga al Congreso y al Poder Judicial la potestad de nombrar a sus propios procuradores, restándole atribuciones a la Procuraduría General del Estado.
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Entre las normas más polémicas figura la llamada “Ley Soto” (Ley N° 31751), que fijó un plazo de un año para mantener suspendida la prescripción de delitos, beneficiando directamente al entonces presidente del Congreso.
También están la Ley N° 31473, que permite a congresistas militares o policías retirados cobrar simultáneamente pensión y sueldo; la Ley N° 31399, que restringe el uso del referéndum; y la Ley N° 31355, que limita la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso.
