El Congreso de la República oficializó la inhabilitación de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, para ejercer cargos públicos durante un periodo de diez años, tras aprobar las conclusiones de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Legislativa N.° 010-2025-2026-CR, publicada este 23 de junio en el diario oficial El Peruano y suscrita por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.
¿Por qué sancionaron a Delia Espinoza?
Según el informe aprobado por el Pleno, Espinoza incurrió en infracciones constitucionales al promover la Denuncia Constitucional N.° 549 contra 11 congresistas por el presunto delito de negociación incompatible.
El Parlamento sostuvo que dicha denuncia se sustentó únicamente en la participación y votación de los legisladores durante el trámite del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, lo que, a criterio del Congreso, vulneró las garantías que protegen el ejercicio de la función parlamentaria.
La resolución señala que se infringieron los artículos 45 y 93 de la Constitución, relacionados con los límites del ejercicio del poder público y la inviolabilidad parlamentaria. Asimismo, se consideró que la actuación de la exfiscal afectó principios vinculados al debido proceso establecidos en el artículo 139 de la Carta Magna.
Congreso archivó acusaciones penales
Pese a la inhabilitación impuesta, el Congreso decidió no continuar con las acusaciones penales planteadas durante el proceso.
De acuerdo con la resolución, el Pleno rechazó acusar a Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, además de absolverla de supuestas infracciones a los artículos 158 y 159 de la Constitución.
De esta manera, la sanción quedó limitada al ámbito político y administrativo, sin generar consecuencias penales para la exfiscal de la Nación.
Legislativo asegura respeto al debido proceso
El Parlamento indicó que durante todo el procedimiento se respetaron las garantías procesales de Delia Espinoza, quien participó en las audiencias correspondientes y ejerció su derecho a la defensa con asistencia legal.
Con la publicación de la resolución, la inhabilitación quedó oficialmente vigente, impidiendo a Espinoza desempeñar funciones públicas durante la próxima década.
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