Las congresistas de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limachi y Sigrid Bazán, han propuesto un proyecto de ley con el número 5668, con el objetivo de adelantar las elecciones generales al mes de julio de 2024.
La propuesta de reforma constitucional plantea que la actual presidenta, Dina Boluarte, finalice su mandato el 30 de septiembre de 2024, mientras que los parlamentarios y representantes ante el Parlamento Andino culminarían sus funciones el 28 de septiembre del mismo año.
De acuerdo con el documento, “la presidenta de la República convocará a elecciones generales, las que se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de julio de 2024. De haber segunda vuelta, esta deberá realizarse el último domingo del mes de agosto de 2024, correspondiendo que el presidente electo preste juramento y asuma el cargo el 30 de setiembre de 2024”.
Iniciativa se da por la crisis política
La iniciativa encuentra su respaldo en la actual crisis política y social que azota al país, caracterizada por la violencia, la inestabilidad económica y la amenaza para la vida de los ciudadanos. Los proponentes argumentan que es crucial para el bienestar nacional que el Gobierno y el Congreso actúen en conjunto para superar esta situación desafiante.
Además, la propuesta destaca la lamentable pérdida de vidas y el alto número de heridos en las protestas que han ocurrido en todo el país en rechazo a la gestión de Dina Boluarte y el Parlamento. La falta de claridad en la investigación de estos hechos y las acciones del Gobierno y el Congreso que debilitan los pilares democráticos y la lucha contra la corrupción, son citadas como razones adicionales para adelantar las elecciones.
La iniciativa también resalta la captura de diferentes organismos estatales por parte del Congreso, incluyendo el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. La bancada parlamentaria considera que adelantar las elecciones es el medio necesario para superar esta crisis y restaurar la estabilidad institucional.
En última instancia, el proyecto de ley pretende corregir la crisis institucional y social que ha venido acumulándose desde el gobierno de Pedro Castillo, buscando prevenir costos sociales impredecibles y crear las condiciones para una convocatoria exitosa a elecciones generales anticipadas. La propuesta está destinada a reavivar el debate y a impulsar la reforma constitucional que permita este adelanto electoral en medio de un panorama desafiante para el país.
