El Sindicato de Trabajadores de la Defensa Pública de Arequipa realizó una protesta frente al Poder Judicial denunciando condiciones laborales insostenibles. Julissa Peredo, subsecretaria del sindicato, explicó que la implementación de la nueva ley de allanamientos ha incrementado considerablemente su carga laboral. Ya que obliga a los defensores públicos a asistir a operativos en cualquier momento del día, especialmente en casos donde no hay un abogado particular presente.
Además, Peredo acusó al Estado de presunta discriminación laboral, señalando que desde 2014 no han recibido aumentos salariales, a pesar de que sus responsabilidades han crecido considerablemente en los últimos años.
La situación ha llevado a más de 80 defensores públicos en Arequipa a iniciar una huelga indefinida desde el pasado 18 de noviembre. Según Peredo, el 80% del sindicato en la región está acatando esta medida de fuerza, que forma parte de una protesta nacional iniciada el 12 de noviembre.
Entre los servicios afectados por la huelga se encuentran la conciliación extrajudicial, la asistencia penal, las demandas por alimentos y la defensa penal. Estas suspensiones impactan directamente a los ciudadanos que dependen de estos servicios gratuitos, lo que ha generado preocupación entre la población.
El sindicato demanda no solo mejores condiciones laborales, sino también una revisión de sus salarios, ya que consideran que su trabajo es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.
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