“Ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos”. Con esas palabras, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa que cometieron delitos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.
La presidenta Dina Boluarte firmó la norma el último miércoles en Palacio de Gobierno, en un acto que contó con la presencia de su Gabinete y de los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), impulsores de la medida en el Parlamento.
Espinoza cuestionó que la promulgación se realizara “con toda pompa” y sostuvo que la ley “beneficia a casi 900 militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos”.
Para la titular del Ministerio Público, esta decisión representa un retroceso en la búsqueda de justicia y un golpe para quienes han esperado décadas por la reparación y sanción de los responsables de la violencia interna.
