7 de marzo de 2026

Congresista Edwin Martínez denuncia a Dina Boluarte y exministros por ampliación irregular del contrato del puerto de Matarani

Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y exministros por la ampliación irregular del contrato del puerto de Matarani sin concurso público.

El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Pérez Reyes (Economía y Finanzas), por la ampliación anticipada del contrato de concesión del puerto de Matarani por un plazo adicional de 30 años.

La acusación, ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, sostiene que la renovación se realizó sin concurso público, sin justificación técnica ni análisis económico actualizado, lo que configuraría presuntos delitos de aprovechamiento del cargo y colusión.

Contrato extendido antes del vencimiento y sin transparencia

Según el documento presentado, el contrato original de concesión del puerto de Matarani vencía en 2029, pero fue prorrogado de manera anticipada por el Ejecutivo, con intervención directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entonces encabezado por César Sandoval, y refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado en ese momento por Raúl Pérez Reyes.

La denuncia detalla que la ampliación otorgó facultades plenas de explotación portuaria a un solo operador privado por tres décadas adicionales, sin un estudio actualizado de impacto financiero ni mecanismos de competencia que garanticen la transparencia del proceso.

Martínez califica el acto como “ilícito e indebido”

El parlamentario Edwin Martínez calificó la decisión del Ejecutivo como “ilícita, ilegítima e indebida”, al haberse adoptado sin un procedimiento competitivo ni una justificación razonable que respalde el beneficio público.

“Se vulneró el principio de transparencia y se comprometió el uso de un activo estratégico del Estado sin evaluación técnica ni debate público”, precisó el legislador.

De acuerdo con la denuncia, el caso podría implicar responsabilidad política y penal de las autoridades involucradas, por lo que se solicitó su evaluación inmediata dentro del proceso de control constitucional que lleva adelante el Parlamento.

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