El consejero regional César Huamantuma cuestionó que el Gobierno Regional de Arequipa no haya realizado los trámites administrativos necesarios para cobrar las servidumbres correspondientes a los terrenos estatales utilizados por Southern Perú en el proyecto minero Tía María. Según indicó, esta omisión permitió que el Ejecutivo nacional asumiera la competencia sobre el proceso y que los recursos ya no ingresen a las arcas regionales.
Huamantuma explicó que desde 2015 existían actas de entrega provisional de aproximadamente 2 mil hectáreas destinadas al proyecto minero. Sin embargo, aseguró que el área de Ordenamiento Territorial no concluyó los procedimientos administrativos necesarios para formalizar las servidumbres y efectuar los cobros correspondientes.
Gobierno Regional perdió la competencia
El consejero señaló que la situación cambió cuando el proyecto Tía María fue declarado de interés nacional. Según explicó, Southern Perú trasladó el procedimiento al Gobierno Central y, desde marzo de este año, el Gobierno Regional perdió toda competencia sobre esos terrenos.
“Todo lo que se iba a pagar por derecho de servidumbre ahora va a ser cancelado directamente a la SBN en Lima y no va a quedar un sol para Arequipa”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la falta de acción administrativa provocó que la región deje de percibir ingresos importantes por el uso de dichos terrenos. Recordó que las actas de entrega provisional existen desde 2015 y que, desde entonces, la empresa ya utilizaba esas áreas para el desarrollo del proyecto.
Estiman perjuicio de S/39 millones
Huamantuma indicó que las estimaciones realizadas por su despacho señalan que el Gobierno Regional pudo recibir alrededor de S/39 millones por concepto de servidumbres durante un periodo mínimo de 20 años. Agregó que, si la operación minera se prolonga por más tiempo, el monto podría duplicarse.
Precisó que solamente por los diez años transcurridos desde las entregas provisionales hasta marzo de 2026, Southern Perú debería pagar aproximadamente S/15 millones. “Hasta marzo de este año el competente era el Gobierno Regional, por lo tanto corresponde iniciar el cobro por esos años de servidumbre”, sostuvo.
Señalan responsabilidad de Ordenamiento Territorial
El consejero atribuyó la responsabilidad principal a la oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional. Explicó que esta dependencia tenía la obligación de tramitar las servidumbres y ejecutar los procedimientos administrativos necesarios para generar los ingresos.
“Ha habido negligencia en un trámite meramente administrativo”, afirmó Huamantuma, quien además cuestionó que distintas gestiones regionales no impulsaran el proceso pese a que la mayoría de los terrenos no presentaban conflictos legales.
Según explicó, únicamente un predio de 56 hectáreas se encontraba judicializado durante la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica. Sin embargo, señaló que las servidumbres involucraban cerca de 2 mil hectáreas, por lo que ese proceso no justificaba la paralización del resto de trámites.
Trámite pudo concluir en un año
Huamantuma aseguró que un procedimiento de servidumbre, realizado con la diligencia adecuada, demora entre ocho meses y un año. Por ello cuestionó que, después de más de una década, el Gobierno Regional no haya concretado los cobros correspondientes.
Además, indicó que durante los años 2023 y 2024 tampoco se registraron avances significativos. “No movieron un dedo”, manifestó al referirse a las acciones realizadas durante ese periodo.
El consejero añadió que la información obtenida para elaborar el informe provino de solicitudes remitidas a Southern Perú, la oficina de Ordenamiento Territorial y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Según indicó, fue la SBN la entidad que entregó el expediente completo con las actas de entrega provisional.
Terrenos se ubican en la zona de Tía María
Los predios involucrados se encuentran en el área donde se desarrollará el proyecto Tía María, en los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia, provincia de Islay. De acuerdo con Huamantuma, la empresa solicitó aproximadamente 2 mil hectáreas para servidumbres vinculadas a la ejecución de sus actividades.
El consejero recordó que la normativa vigente otorgaba al Gobierno Regional la facultad de tramitar estas servidumbres y cobrar los derechos respectivos, tal como ocurrió con otros proyectos mineros. Como ejemplo mencionó el caso de Zafranal, donde los pagos sí ingresan al Gobierno Regional.
Huamantuma ndicó que el informe elaborado será remitido a las instancias correspondientes para determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. “Estamos hablando de un perjuicio económico a los intereses de la región y eso tendrá que ser evaluado por el Ministerio Público”, concluyó.
