El Ministerio Público ha citado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que responda por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno.
Estas protestas se dieron a finales del 2022 y enero del 2023, dejando un saldo de más de 60 fallecidos. La mayor cantidad de muertes se registró en la región de Puno, por los enfrentamientos entre policías y manifestantes.
La mandataria deberá afrontar una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio. La audiencia ha sido programada para el 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía de la Nación.
El abogado de la mandataria, Joseph Campos, informó que su lienta si acudirá a citación de la Fiscalía y que quiere cerrar este “capitulo sin sentido”.
«Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad», señaló.
Asimismo, el abogado señaló que esta investigación tiene un alto coste político, tras los cuestionamientos contra el gobierno de Boluarte por otros mandatarios.
Esto en referencia a Andrés López Obrador (AMLO) Y Gustavo Petro, quienes argumentan que este gobierno es genocida y que no hay democracia.
«Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial [se refiere a AMLO y a Petro] para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida», precisó.
